«La digitalización es un campo de batalla en el que se definen las sociedades del presente y del futuro»

 

Antonio Calleja, doctorado en Sociología y experto en las relaciones entre política y tecnología, forma parte de Tecnopolítica, una red de investigación asociada al grupo Communication Networks and Social Change (CNSC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A raíz de la emergencia sanitaria vinculada a la COVID-19, considera que se fortalecerá la figura de los estados nación y advierte de que existe el riesgo de acercarnos a un modelo sociopolítico con tintes más autoritarios. Asimismo, apunta que en determinados contextos puede producirse un aumento de la desconfianza en la clase política, así como nuevos movimientos críticos y de protesta, acompañados de nuevas formas de organización política de la ciudadanía.

 

 

Antonio Calleja, doctorado en Sociología y experto en las relaciones entre política y tecnología, forma parte de Tecnopolítica, una red de investigación asociada al grupo Communication Networks and Social Change (CNSC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A raíz de la emergencia sanitaria vinculada a la COVID-19, considera que se fortalecerá la figura de los estados nación y advierte de que existe el riesgo de acercarnos a un modelo sociopolítico con tintes más autoritarios. Asimismo, apunta que en determinados contextos puede producirse un aumento de la desconfianza en la clase política, así como nuevos movimientos críticos y de protesta, acompañados de nuevas formas de organización política de la ciudadanía.

 

Lo está habiendo, pero será difícil que lo sea en un sentido radical. Desde los primeros días de la pandemia se ha apelado a imaginar estilos de vida y de economía radicalmente diferentes, capaces de afrontar problemas de calado, como la crisis climática o la injusticia social. Sin embargo, es probable que los cambios sean menos profundos y más ambivalentes.

Un primer cambio a corto plazo a raíz de la crisis de la COVID-19 será el refuerzo del rol del Estado, expresado en un mayor control de las fronteras y del flujo de personas, intervención en la economía, apoyo a la sanidad o en versiones limitadas de renta básica, entre otras políticas. Sin embargo, las perspectivas y expectativas sobre este refuerzo son diversas o incluso opuestas. En algunos casos, esta intervención se reclama a fin de proteger la supervivencia y el funcionamiento del mercado y, en otros, como un intento de reconstrucción del debilitado estado del bienestar.

Las consecuencias de la crisis en la sociedad civil parecen igualmente ambivalentes, con tendencias que refuerzan la autoorganización, la solidaridad y la ayuda mutua, como hemos visto en las redes de apoyo vecinal o de producción maker, y otras que alimentan el punitivismo y la desconfianza hacia el otro, ejemplificadas en las prácticas de vigilancia vecinal o en diversas expresiones de xenofobia. La correlación de fuerzas entre diferentes actores, prácticas y marcos sociales definirá si avanzamos hacia un modelo social más vigilante y securitario, como sugieren diversos indicios, o hacia uno más solidario y democrático.

Dependerá del contexto y del momento. En España, es posible que haya un aumento de la desconfianza a raíz de la gestión de la pandemia. Pero en otros países, donde la gestión esté siendo mejor, haya un impacto menor de la COVID-19 o una relación entre el gobierno y la oposición más constructiva, puede que se produzca un efecto contrario. En este sentido, un momento clave será la gestión de la reconstrucción. Habrá que esperar a las políticas públicas y sus efectos, así como a los debates políticos y las reacciones a estos, para comprobarlo. 

Es posible que surjan protestas en torno a la gestión de la pandemia en algunos países. Un caso claro es el de la derecha y la ultraderecha en España, donde llevan semanas sucediéndose los trending topics críticos con el gobierno, muchos de ellos alimentados por partidos como Vox y sus redes en Twitter, como hemos analizado en el marco de nuestro proyecto DataPolitik. Asimismo, ya están surgiendo plataformas de afectados por el coronavirus, algunas ligadas a estos mismos partidos.

Otras críticas provienen de miembros y sindicatos del sector sanitario, previamente expuestos a años de precarización y recortes. Por eso no puede descartarse que surjan plataformas que enlacen con movimientos previos de defensa de la sanidad pública.

Por otro lado, la crisis económica posterior será clave, especialmente en países en los que el previsible incremento de la pobreza y la desigualdad vaya de la mano de recortes sociales o ayudas insuficientes. Experiencias de conexión de protestas, como el bloque Plan de Choque Social, u otras similares, podrían aglutinar demandas transversales en la sociedad. Estas peticiones irían dirigidas tanto a reforzar los servicios públicos, sobre todo en sanidad, como a proteger la reproducción de la vida, reclamando medidas como una renta básica universal o la regulación de los precios de los alquileres, entre otras.

Aparecerán nuevas maneras de organizarse políticamente, aunque las formas previas seguirán vigentes. Un caso de movilización claramente marcada por la fase de confinamiento, al que ya he hecho referencia, es el que ha llevado a cabo la derecha y la ultraderecha española estos días, explotando la faceta digital y haciendo un uso particularmente intensivo de plataformas corporativas como Twitter. Por otro lado, también hemos visto las manifestaciones en Israel o las movilizaciones de trabajadoras sexuales en Andalucía, que han mostrado las primeras imágenes de protestas en las que se respeta la distancia de seguridad. Por último, probablemente las expresiones más creativas de autoorganización social durante la pandemia han tenido que ver con las redes de ayuda mutua y producción colectiva mencionadas más arriba, así como con la compartición de tecnología, conocimiento, datos y debates en abierto en plataformas como GitHub, ArXiv o Twitter.

Según se viene anunciando desde hace días, se está iniciando una nueva crisis económica global de al menos un año, y es previsible que se dé un incremento de la pobreza y la desigualdad en un buen número de países. En principio, será mayor allí donde la COVID-19 haya impactado con mayor fuerza, como es el caso de España. Sin embargo, la capacidad de los estados de amortiguar ese proceso será clave. En este sentido, el reto fundamental para esta legislatura del Gobierno de PSOE y Podemos será proteger a las clases populares ante la crisis que se avecina.

Sí. De hecho, ya lo estamos viendo. En el caso español, el incremento en el uso de internet o el continuo énfasis en la transición digital por parte del gobierno son síntoma y anticipo de ello. Además, la posibilidad de que se den restricciones a la circulación y la reunión física de personas en los próximos meses hará que las infraestructuras digitales operen, aún más de lo que ya lo hacen, como un segundo suelo social. Como consecuencia, ciertos temas ganarán presencia en la agenda pública. Uno es el de la fiabilidad, la estabilidad y el control de estas tecnologías, con las implicaciones materiales y geopolíticas que ello tiene. Otro aspecto importante será el de sus dimensiones e implicaciones sociales, psicológicas, económicas, ecológicas, legales, culturales... En ese sentido, se reforzará la idea de que la digitalización no es solo una cuestión de tecnologías o de desarrollo económico, sino un campo de batalla en el que se definen las sociedades del presente y del futuro.

Ha habido, hay y habrá un intenso debate al respecto. Esto se puede apreciar en la discusión en torno a las aplicaciones de rastreo de contactos, que son una de las soluciones tecnológicas consideradas por un buen número de gobiernos para la fase de desconfinamiento. Mientras que, por un lado, existe una propuesta, denominada DP-3T, completamente descentralizada y que asegura una mayor privacidad, existen también soluciones más centralizadas, como la Pepp-PT, que dejarían mucho más margen de control al estado. Además, encontramos que corporaciones como Google y Apple tienen un rol determinante en este debate, lo que muestra e incrementa su poder en la sociedad digital. De avanzarse en el desarrollo de opciones invasivas y centralizadas, diferentes derechos, que van desde la privacidad hasta la no discriminación, se verán afectados y, en ese caso, es previsible que surjan nuevas formas de resistencia.

El proyecto europeo DECODE, en el que participamos desde el grupo Tecnopolítica/CNSC, ha explorado estándares tecnológicos, legales y económicos de gestión de datos alternativos a los modelos centralizados y extractivistas que son más respetuosos con los derechos de las personas usuarias. En este ámbito, queda todo por hacer.