Los desafíos de la participación en la reforma educativa de Chile

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, y su eficacia y calidad dependen, en gran medida, de la forma en la que se gestiona y se toman decisiones en su seno. En el contexto de una evolución constante de políticas educativas, Chile ha emprendido una transformación significativa a través de la implementación de un nuevo sistema de educación pública. En este escenario, la participación se erige como una técnica de gobierno crucial para asegurar la legitimidad, equidad y eficacia de este sistema.

No obstante, debido a la poca claridad sobre una auténtica mejora educativa dentro de este nuevo contexto, diferentes organismos internacionales como la UNESCO han indicado la necesidad de una mayor participación de los diversos actores, como estudiantes, profesores y padres de familia, para que la mejora educativa sea efectiva.

De acuerdo con esto, los investigadores Enrique Baleriola, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de España; Tabata Contreras y Francisca Sánchez, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Romina Díaz, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y Ana Hormazábal, de la Universidad Católica del Maule —estas últimas universidades, de Chile—, se cuestionaron sobre cómo se concibe la participación y bajo qué modos opera a partir de la promulgación de la ley de la nueva educación pública.

Esta nueva concepción de la participación en la educación chilena reconoce el papel de las comunidades educativas en los procesos de creación e implementación de las políticas para mejorar la educación. Sin embargo, su aplicación práctica dista un poco de la teoría.

En el ámbito educativo chileno enmarcado en el modelo neoliberal, la participación se ha entendido de una forma instrumental y ha sido menospreciada. Es decir, se ha reducido a procesos informativos y de obediencia a lo que ya se había aprobado.

Un mismo término, diferentes aplicaciones

Con la nueva ley y de acuerdo con los resultados de la investigación, se han identificado tres escenarios de participación: la participación extractivista, la participación meritocrática y la participación de resistencia.

En el primer escenario, la participación extractivista es un privilegio de aquellos que crean y definen las políticas educativas desde una visión gerencialista y no consensuada. En el segundo escenario, la participación meritocrática se extiende a aquellas personas de las comunidades educativas que tienen mejores resultados en las pruebas estandarizadas, lo que dificulta visibilizar la experiencia y necesidades de las instituciones con peores resultados. Esta situación individualiza el trabajo docente y promueve la competencia entre profesores, a la par que les responsabiliza y penaliza por los malos resultados obtenidos. El tercer escenario, la participación de resistencia, se construye a partir de instancias que no son reconocidas legal ni institucionalmente, y, por tanto, no nacen de la formalidad de la ley de la nueva educación pública, pero sí a partir de ella. En este sentido, las comunidades educativas se organizan para crear y gestionar de manera autónoma instancias de reflexión, de toma de decisiones y de escucha mutua acerca de la implementación de la ley en cuestión.

Ante este último escenario, el investigador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Enrique Baleriola, indica que, más que un aprendizaje significativo, la participación de resistencia "es un proceso sobre la marcha. Es verse una y otra y otra vez, escucharse entre ellos mismos y transitar hacia unas acciones efectivas. Ese encuentro hace emerger incertidumbres compartidas, iniciativas precarias y frágiles, pero que con el apoyo mutuo y la colaboración logran transformar el sentido local (de esa escuela o de esos docentes con sus estudiantes) de la participación".

Asimismo, el análisis de los investigadores sugiere que la participación que se lleva a cabo en los procesos de la ley de la nueva educación pública permanece bajo la lógica meritocrática anterior al nuevo sistema de educación pública, por lo que siempre son escuchados los mejores y excluidos quienes no cumplen con los resultados estandarizados esperados.

Para Baleriola, la participación debería transitar hacia una capacidad de escucha, de diálogo bidireccional, donde efectivamente se valore el conocimiento de los docentes, de los propios estudiantes y se reconozca el valor de su opinión. "Son críticas constructivas para mejorar el futuro de la educación de estas personas y, finalmente, de la sociedad. Además, esto también servirá un poco como germen, como una semilla para que después la ciudadanía se sienta también partícipe en otros temas que no tienen que ver con la educación, pero que son de interés de la ciudadanía", afirma el experto.

"Al final, desde ciertos marcos teóricos acabamos entendiendo que la política no es solamente aquello que se hace en los ministerios de educación, los parlamentos o desde quienes legislan, sino que la política también es esta otra parte local, precaria e inestable, es decir, esos escenarios de resistencia en los que se crean estrategias de mejora; esto también es política. También es parte del diseño y la transformación de la realidad. Y, si empezamos por abajo, también podemos llegar a un punto en el que finalmente el trabajo que se hace sea realmente efectivo para mejorar las condiciones en que la gente vive y, por tanto, para transformar una sociedad", enfatiza el profesor Enrique Baleriola.

La incorporación de estudiantes, docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa busca garantizar que las políticas y las prácticas educativas sean pertinentes y respondan a las necesidades locales. No obstante, a pesar de los beneficios, la participación también presenta desafíos significativos; por ejemplo, garantizar la representatividad de todas las voces involucradas puede ser un desafío complejo, especialmente en un sistema educativo diverso.

En conclusión, la participación como técnica de gobierno en el nuevo sistema de educación pública en Chile desempeña un papel fundamental en la construcción de un sistema educativo más inclusivo, equitativo y eficaz. La voz activa de todos los actores en la toma de decisiones y la gestión educativa puede ser una herramienta poderosa para la mejora continua y la adaptación a las necesidades cambiantes. Sin embargo, llegar a su total aplicación es el reto que aún enfrentan la ciudadanía, la comunidad educativa y el gobierno en general.