Cámaras en el aula: una falsa sensación de seguridad

La instalación de cámaras es una práctica que se ha extendido en los últimos años, sobre todo en los jardines de infancia y, ahora, en algunas escuelas. El Chiquitín, en el barrio del Guinardó de Barcelona, es una de las guarderías que tiene videovigilancia. Los padres pueden consultar por internet y durante una hora lo que hacen sus hijos. Otros centros son El Duende en Madrid o el British Bubbles en Salamanca. «Las escuelas tienen que ser totalmente transparentes para que los padres puedan saber qué pasa dentro», explica este último centro en su página web.

Desde el portal de transparencia, el Ayuntamiento de Madrid también ha propuesto la instalación de los aparatos tanto en las guarderías como en los centros de primaria y secundaria. La propuesta, sin embargo, ha tenido un escaso apoyo.


¿Aula bajo control?

Teniendo en cuenta el debate público generado a partir de casos como los de los Maristas, los expertos dicen que es legítimo que algunos padres se pregunten si es una buena idea poder vigilar a los hijos en cualquier momento. «En situaciones de incertidumbre, la vigilancia con las nuevas tecnologías puede generar una sensación de control y, por lo tanto, puede hacer que algunos progenitores lo vean una buena opción», argumenta Meneses. La telepresencia de los padres en el aula, sin embargo, se puede acabar convirtiendo en una «falsa sensación de seguridad» porque es «imposible vigilar todos los rincones del aula o el centro durante todo el tiempo». Ante esta premisa, Meneses asegura que una solución técnica «no puede sustituir nunca» la responsabilidad de la comunidad educativa cuando «confiamos nuestros hijos a las escuelas».


Imágenes descontextualizadas

Además de esta falsa sensación de control, el otro inconveniente de la videovigilancia es la descontextualización de las imágenes que ven los padres. «Sin un contexto, puede ser muy difícil valorar la idoneidad del comportamiento de un alumno o la actuación de un docente y, por lo tanto, en la práctica puede resultar una medida más perjudicial que beneficiosa», dice Meneses.

Ahora bien, los expertos dejan claro que lo primero que hay que valorar es cómo puede la medida afectar al alumno. Si son pequeños –explican‒ no tendrá ninguna repercusión porque no son conscientes de la existencia de las cámaras. La situación, no obstante, cambia cuando son mayores: «Les transmitiríamos, como parte de su educación, la idea de que sus padres tienen que vigilar todo lo que hacen, incluso cuando están físicamente en la escuela», explica Meneses. Además –añade el profesor‒ se pondría en cuestión el papel de los centros educativos.

¿Y el docente? ¿Le condiciona sentirse vigilado? Según los profesores de la UOC, introducir cámaras en las aulas puede ser una distorsión para el funcionamiento normal del aula. «El hecho de que los padres puedan ver el trabajo de los maestros con sus hijos puede hacer que los docentes se sientan controlados o crearles inseguridades que les hagan trabajar incómodos», apunta Guàrdia. En este sentido, introducir «un tercer actor» (los padres) –añade Meneses‒ en las aulas como agentes de control externos no es la mejor manera de generar un clima de confianza que permita desarrollar unas relaciones adecuadas entre los profesores y los alumnos o las propias familias y los docentes.

Guàrdia concluye que los padres se tendrían que preguntar si ver a sus hijos trabajando cuando están en la escuela les aporta alguna ventaja, mientras que Meneses cuestiona si vale la pena poner en riesgo la autonomía del profesorado e incluso los valores que se transmiten a los hijos simplemente por una sensación de aparente seguridad.


Hace falta la autorización de los padres

«Legalmente, para la instalación de videovigilancia en los centros educativos hace falta el permiso de los padres o los representantes legales de los menores», explica Vidal. La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, el organismo que tiene las competencias específicas para velar por el cumplimiento de la legislación de estos datos, lo explicita claramente: «El consentimiento para el tratamiento de datos de los menores [...] exige ​​la autorización paterna, materna o del representante legal cuando se trate de menores de edad».