Un estudio analiza los motivos que inhiben la denuncia de abusos sexuales

Para Josep M. Tamarit, investigador principal de la investigación y catedrático de derecho penal de la UOC, «una de las cuestiones más problemáticas relacionadas con la respuesta penal al abuso sexual de menores es la baja tasa de denuncia, menos de un 10 % de las víctimas de abusos denuncian los hechos». A este problema hay que añadir «la experiencia negativa y traumática que para muchas víctimas representa su contacto con los diversos operadores del SJP», explica el experto.

Por ello, Tamarit, presidente de la Sociedad Catalana de Victimología, junto con Judit Abad, investigadora del grupo de investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, y Patricia Hernández-Hidalgo, profesora de criminología de la UOC, han querido conocer en su estudio, «Las víctimas de abuso sexual infantil ante el sistema de justicia penal: estudio sobre sus actitudes, necesidades y experiencia» (2015), cuáles son los factores que intervienen en la decisión de las víctimas de denunciar o no denunciar los hechos y su actitud ante el SJP.

Motivos principales que inhiben a las víctimas a presentar una denuncia

Diversos estudios internacionales alertan que una de cada cinco personas ha sufrido abusos sexuales cuando era menor de edad, de entre las cuales el número de víctimas niñas es superior al de niños. Estos datos remarca Tamarit "son similares sobre España". En el estudio que acaba de publicar este experto, los factores personales aparecen entre a lo motivos predominantes que influyen a la hora de iniciar o no una denuncia:

• No ver sentido al hecho de denunciarlo. Hay víctimas que tienden a minimizar los hechos para evitar vivirlos como algo grave y para evitar la estigmatización inherente a la condición de víctimas.

• La represión del recuerdo y la experiencia negativa en revelaciones anteriores durante la infancia.

• No sentirse emocionalmente preparado. Muchos afectados sienten que la situación de abuso es un asunto íntimo y personal o tienen un sentimiento de culpa y vergüenza.

En un contexto en el cual diversas investigaciones apuntan a que la mayor parte de casos el abusador es una persona conocida y casi en la mitad es un familiar (entre los que figuran sobre todo el padrastro, el padre o el tío), los aspectos interpersonales también provocan en la víctima reticencia a denunciar:

• El vínculo personal con el abusador. Es uno de los principales motivos que impide la revelación del abuso. Si el abuso se perpetúa por parte de un miembro de la familia, la víctima suele resistirse más a denunciar por tratarse de un familiar cercano.

• Temor a la reacción negativa y a las represalias del agresor o del entorno familiar. Por ejemplo, la víctima sufre por si será marginado por el grupo que quiere evitar la vergüenza.

• La negación de la existencia del abuso por parte del entorno familiar. A menudo los padres o las personas del entorno niegan el hecho o apoyan al abusador o prefieren no enfrentarse a ellos que apoyar a la víctima.

• Miedo a ser juzgado o culpabilizado por otros. El sentimiento de culpa y el miedo a la reacción del entorno son un freno para muchas víctimas cuando se plantean denunciar el abuso.

La relación de las víctimas con el sistema de justicia penal (actitud ante el sistema, visión que tienen, etc.) también influye:

• Desconocimiento del sistema de justicia. A menudo las víctimas no han recibido información sobre el funcionamiento del sistema de justicia, sobre sus derechos o los plazos de prescripción.

• Desconfianza en el sistema. Las víctimas tienen una percepción negativa del sistema de justicia y tienen miedo al estigma que este puede ocasionar. La sensación de que se las escucha poco y que no les permiten dar explicaciones más allá de negar o afirmar las preguntas efectuadas, lo que contribuye a incrementar su desconfianza.

• Algunas víctimas creen que acudir a la policía resultará inútil o que no se les creerá.

• Prescripción. Muchas víctimas se plantean denunciar cuando han pasado ya muchos años y se encuentran con que el delito ya ha prescrito.

• La dificultad de aportar pruebas.

Guía de buenas prácticas para reducir la revictimización de los afectados en el sistema judicial

La identificación de los factores que desmotivan la denuncia ha permitido presentar unas recomendaciones dirigidas a las instituciones y a los profesionales del sistema judicial penal:

• Desvincular la atención y el apoyo a las víctimas de la denuncia. Ante todo se recomienda ofrecer a las víctimas atención psicológica gratuita. La conveniencia de denunciar se puede valorar después de haber abordado el malestar emocional y de haber recibido asesoramiento jurídico.

• Adoptar y promover prácticas que informen y sensibilicen a los profesionales del SJP, en los centros sociales, educativos y sanitarios, sobre las necesidades de las víctimas para favorecer su revelación. Una vez se produzca la revelación, ofrecerles apoyo y, en su caso, instarles a denunciar los hechos.

• Impulsar actividades de formación de los profesionales que toman declaración a las víctimas sobre sus necesidades, con el objetivo de asegurar la máxima calidad del relato y disminuir el malestar que genera una situación de por sí estresante.

• Adoptar buenas prácticas que tengan en cuenta la opinión de la víctima, es decir, durante la declaración dar el adecuado cumplimiento del derecho de la víctima a estar acompañada de una persona de su elección.

• Evitar prácticas generadoras de revictimitzación como poner en duda el relato de la víctima, culpabilizarla o mostrar insensibilidad, sin olvidar la importancia de darle voz, para que pueda explicar los hechos sin tener que ceñir sus respuestas a un «sí» o un «no».

• Evitar el contacto de las víctimas con el abusador o sus familiares indistintamente de la edad que tengan. Es necesario poner los medios para evitar la confrontación visual y el contacto en la sala con el inculpado o con los familiares de este, tal como prevé la Directiva 2012/29/UE y en España la Ley 4/2015.

• Preparar a las víctimas ante el juicio y las declaraciones previas. Es importante que la víctima conozca sus derechos, entienda el funcionamiento del proceso penal, el papel del juez, del fiscal y del abogado de la defensa. A su vez, informarle del riesgo de un posible sobreseimiento del caso por falta de pruebas y, por tanto, ayudarla a desvincular una posible sentencia absolutoria de sus sentimientos de credibilidad y culpa.

• Promover actividades dirigidas a sensibilizar a los abogados sobre las necesidades de las víctimas, tanto si estos van a ejercer la acusación particular como si van a actuar como abogados defensores: el ejercicio del derecho de defensa del acusado debe poder llevarse a cabo sin desatender a las necesidades y derechos de las víctimas.

• Adoptar buenas prácticas por parte de la Fiscalía, desarrollando lo previsto en la Circular 3/2009, de 10 de noviembre, sobre protección de los menores víctimas y testigos. Además de una mayor implicación de esta institución, se debería facilitar el nombramiento de un abogado de oficio, dada la contribución que con ello puede hacerse a que la víctima esté informada y se sienta más protagonista del proceso.

• Diseñar buenas prácticas que tengan en cuenta las características de la victimización intrafamiliar y las necesidades específicas de las víctimas en estos casos.

Metodología

En este estudio cualitativo se entrevistaron a 23 víctimas de abuso sexual infantil (20 mujeres y 3 hombres) de edades comprendidas entre 17 y 50 años a las que se contactó mediante un centro de atención a víctimas especializado en este tipo de abuso. De ellas, 19 estaban en tratamiento psicológico y 4 habían sido dadas de alta. El 82,6 % de los participantes tenían como país de origen España.

En cuanto a los abusos sexuales sufridos por las personas entrevistadas, la media de edad de inicio del abuso es a los 8,13 años. Sobre la duración, se trata generalmente de casos de abusos repetidos y en el 30,4 % de estos duraron más de 4 años.