Roser Reyner
Alumni
Máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización
«En la vuelta al colegio, la gente está siendo más conservadora que las propias medidas sanitarias»
Ricardo Ibarra (Zaragoza, 1984) dirige desde 2014 la Plataforma de Infancia, una alianza de 68 entidades sin ánimo de lucro dedicada a alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bajo el paraguas de esta plataforma se encuentran organizaciones como Cruz Roja, Save the Children o Cáritas. Ibarra, que estudió el máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), afronta ahora un momento especialmente delicado por las consecuencias que puede tener la pandemia de la COVID-19.
En el perfil de tu cuenta de Twitter destaca una frase: «Omnibus dubitandum» ('Todo debe ser puesto en duda'). ¿Alguna certeza, en el contexto actual?
Muy pocas. Todas las certidumbres que pudiera haber van cayendo. Precisamente por eso es importante que nos impliquemos en la toma de decisiones, que nos informemos bien y que formemos parte del momento. Si nos descuidamos, no van a ser nuestros intereses los que pesen. Es importante que nos impliquemos y preocupemos por nuestros intereses personales y por aquello que nos mueve desde la solidaridad o la justicia social. Es lo que intentamos desde la plataforma: construir un mundo mejor para la infancia. Si no estamos vigilantes, se pueden dar grandes pasos atrás.
Precisamente, según datos de la organización que representas, España, antes de la COVID-19, era el segundo país europeo con la tasa más alta de pobreza infantil, un 26,8 %, más de dos millones de niños y niñas. ¿Cuáles son las principales causas?
Partimos de un estado del bienestar muy fuerte en algunos sectores, como el de la gente mayor, que, aunque sufrió la anterior crisis, tuvo un suelo de ingresos por medio de las pensiones y contó con el apoyo de los servicios públicos. Sin embargo, esa concepción no es la misma con la infancia: nuestro estado del bienestar es muy poco protector con respecto a ella.
¿Por qué?
Pasa mucho en el sur de Europa, donde tendemos a pensar que la familia es el entorno protector y contamos con una gran red de apoyo familiar, más que en otros países. Pero eso, a veces, nos hace desentendernos de lo que les pase a los niños y las niñas, a quienes vemos como futuros ciudadanos, futuras personas. Y no: ya son personas, son ciudadanos, puedan o no votar. Tienen derechos. Por ejemplo, tenemos claro su derecho a la educación, su derecho a la sanidad... pero hay muchas carencias en cuanto a su derecho al desarrollo y al bienestar. Para la infancia ha habido dos tipos de políticas: desgravaciones fiscales para clases medias y altas, y pequeñas ayudas, de muy poca cuantía, para los percentiles de renta más bajos. Pero dejamos en el medio a gente que igual no sufre una pobreza tan extrema, pero sí se halla en una situación de pobreza. En esta franja encontramos a un número muy grande de niños y niñas.
¿Podríamos, entonces, definir un perfil, en esos más de dos millones de niños y niñas?
El 80 % de los que están en situación de pobreza seguirán siendo pobres de adultos. Es lo que llamamos transmisión intergeneracional de la pobreza. En efecto, si tienes un empleo precario y poco sueldo, vas a poder dar menos oportunidades a tus hijos, de modo que tus hijos pueden estar condenados al fracaso escolar, a dejar la escuela pronto para aportar dinero a casa… y entramos en un ciclo constante de pobreza. En España, la política aumenta la desigualdad cuando hace desgravaciones fiscales a los que tienen y hace poco por los pobres. Somos un país que invierte el 1,3 % del PIB en ayuda a familia e infancia, cuando la media europea es del 2,4 %. Eso supone 10.000 millones menos de inversión, y niñas y niños con menos oportunidades. Somos el país europeo con la mayor tasa de abandono escolar, lo que se traduce en un empleo juvenil muy precario.
Hace un par de meses, vuestra organización planteó 100 medidas para minimizar el impacto en la infancia de la crisis económica y social resultante de la pandemia. En ese momento, advertías que era urgente proporcionar alojamiento adecuado a los niños y niñas en situación de infravivienda, facilitarles acceso a internet para garantizar su derecho a la educación e incrementar en cantidad y cuantía las prestaciones por hijo a cargo. Dos meses son un mundo en el contexto actual. Ahora se ha aprobado el ingreso mínimo vital, que parece que anulará la prestación por hijo a cargo. ¿Cuál es tu diagnóstico a día de hoy?
Esas 100 medidas surgieron de un contexto de emergencia. Lamentablemente, muchas no se llevaron a cabo. Ahora, en la desescalada, lo que más nos preocupa es que la COVID-19 está generando una brecha de desigualdad mucho mayor. Primero, en la educación, entre quien tiene internet y quien no tiene. Pero no solo eso. Otra brecha está en el apoyo que los padres pueden dar en casa. Se está notando mucho cómo las clases más pudientes se adaptan a esta nueva realidad y las clases más vulnerables están teniendo problemas. Entre las 100 medidas, planteábamos el aumento de la prestación por hijo a cargo, una ayuda estatal muy eficiente dirigida específicamente a los niños en situación de vulnerabilidad. Es cierto que el ingreso mínimo vital incrementa la cuantía de dinero, con lo cual va a ayudar a muchos de estos niños a salir de una pobreza extrema, pero llega a menos gente que la prestación por hijo a cargo, que tememos que se elimine. Si esto ocurre, estaremos dejando fuera a un millón y medio de niños que percibían una cantidad pequeña, pero que ahora no van a percibir nada. Pediremos en el Parlamento que esto se enmiende. Y trabajaremos para una futura prestación para la crianza.
(…)
Tiene que haber algún tipo de prestación de apoyo a la crianza, que llegue a cada vez más familias y con más cuantía. El «poscoronavirus» nos preocupa mucho y las políticas de conciliación serán necesarias.
¿Un ejemplo de esas políticas de conciliación?
Nos preocupan quienes más dificultades tienen para conciliar, como las familias monomarentales. La única alternativa que les está dando el Gobierno son permisos de reducción de jornada, lo cual supone una reducción de salario, y la mitad de esas familias están en riesgo de pobreza. Planteamos un permiso retribuido para estos casos: que la reducción de jornada sea abonada salarialmente y no sea un perjuicio económico. Y políticas de conciliación que garanticen tanto la flexibilidad como la posibilidad de teletrabajar, apoyando a las empresas con algún tipo de bonificación fiscal. Además, estamos pidiendo la vuelta al colegio. Creemos que se está siendo muy conservador, de manera que en un momento en el que se están abriendo discotecas, centros comerciales o programando conciertos, no se está teniendo en cuenta lo que no es económico, ni comercial: los derechos de los niños.
Sin embargo, sindicatos y centros o corrientes educativas cuestionan la actual vuelta al colegio. ¿Cuál es vuestro posicionamiento?
Nos parece bien el criterio epidemiológico de que, en fase 2, puedan volver a los centros quienes necesitan refuerzo escolar, sobre todo los que están en una situación más crítica. Pero, en cualquier caso, Sanidad ya ha planteado que en fase 2 sería posible volver. Creemos que la gente está siendo más conservadora que las propias medidas sanitarias en cuanto al colegio y no, en cambio, en cuanto a cafeterías o terrazas… lugares donde existe riesgo de contagio y hay trabajadores participando de esa actividad comercial. La prioridad deben ser los niños y las niñas de cero a seis años, porque son los que más dificultades van a tener para la educación a distancia, además de que para ellos la socialización es fundamental. Estamos planteando la vuelta al ocio educativo durante el verano para reforzar, precisamente, esas necesidades.
Representas a 68 entidades. ¿Cómo están los ánimos?
Estamos muy preocupados y las organizaciones están desbordadas, porque muchas han reconducido su trabajo habitual para abordar la emergencia social, cediendo espacios o camas, entre otros. Y ahora tocará afrontar las consecuencias sociales de la COVID-19, abordar una mayor pobreza, acompañar más, educativamente y en salud mental… Todo ello con, probablemente, menos recursos para las ONG: menos subvenciones, menos ayudas y, quizá, menos donaciones. Nos preocupa, pero es cierto que es un sector muy sólido y profesionalizado, que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Ahí vamos a estar.
Aunque, en estos días, tenéis motivos para celebrar el Proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia…
El ingreso mínimo vital es un motivo de celebración y, después de diez años de trabajo, llega la ley que comentas. De hecho, fue la Plataforma de Infancia quien consiguió que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU la pusiese como una prioridad de nuestro país. Hemos trabajado con los distintos gobiernos y ahora hemos dado un paso de gigante. La ley tiene un enfoque muy orientado a la formación de profesionales en el colegio, el ocio, el deporte, las fuerzas y cuerpos de seguridad, para saber cómo abordar y prevenir estas situaciones y proteger a los niños. Por ejemplo, una de las medidas de la ley es la prueba preconstituida: cuando un niño o una niña denuncia un caso, esa prueba vale para todo el proceso y no tiene que estar constantemente recordando lo que ha vivido. Es una ley integral, que es lo que queríamos. Será clave hacer mucha sensibilización, darnos cuenta de que tenemos un problema muy grande y que las denuncias actuales son solo la punta del iceberg. El Consejo de Europa calcula que uno de cada cinco niños ha sufrido violencia sexual.
Volviendo a tu persona, por lo que leemos en tu perfil de LinkedIn, tu trayectoria profesional tiene una vertiente más técnica, como ingeniero informático, y otra más humanística, con el máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC. ¿Cómo fue la evolución?
Desde pequeño he estado muy implicado en organizaciones juveniles, organizaciones de tiempo libre, como los Scouts y las guías, siempre desde el voluntariado. Lo compaginaba con mis estudios y luego con mi trabajo como informático. Pero, en el voluntariado, pasé de ejercer funciones de intervención más directa a ejercer otras de portavocía y de coordinación. Y eso me llevó a implicarme en redes de incidencia, siempre desde el voluntariado. En un momento dado, ya di el paso a una responsabilidad más grande en este tipo de espacios: ser presidente del Consejo de la Juventud de España, lo que implicó dedicación exclusiva. Fue entonces cuando decidí que quería dedicarme a esto, si podía permitírmelo. Vi que necesitaba una formación académica más allá de mi experiencia personal.
¿Qué te hizo decidirte por la UOC para estudiar el máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización?
Justo antes de hacerlo, surgió la oportunidad de trabajar en mi actual posición, y todavía vi más necesario ese refuerzo académico, más allá de mi experiencia. Necesitaba algo que pudiera compaginar con el trabajo y la UOC me fue muy bien al proporcionarme un seguimiento y darme la posibilidad de ir trabajando por entregas... Además, me permitió compaginarlo, ya al final, con el nacimiento de mi primer hijo. Me fue muy bien y tengo ganas de seguir estudiando.
¿Cuáles son tus principales inquietudes en este sentido?
El análisis político me parece muy interesante. Y no lo digo porque estemos en esta entrevista, pero mi plan es volver a escoger la UOC. Me gusta su sistema.