Los discursos racistas y LGTBI-fóbicos en los medios en Cataluña, sin sanciones en diez años

Al contrario de lo que se podría suponer, el número de quejas sobre discursos racistas y LGTBI-fóbicos en los medios de comunicación que se han gestionado en los últimos diez años es muy bajo, si tenemos en cuenta el número de expedientes abiertos desde 2014 y hasta el primer trimestre de 2024. Son un total de 25, de las cuales 10 corresponden al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y 15 al Consejo de la Información de Cataluña (CIC). El CIC ha recibido mayoritariamente quejas relacionadas con contenidos racistas, con un total de 14 denuncias, y solo una sobre contenidos LGTBI-fóbicos. Este desequilibrio se debe principalmente a un pico de denuncias en 2019 sobre la cobertura mediática de los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Otro dato importante es que ninguna de estas quejas ha tenido como resultado la imposición de una sanción a los medios por parte del organismo competente. Una vez analizadas las argumentaciones jurídicas del CAC en los casos de las quejas susceptibles de generar sanción, y tras constatar que no se utilizan todos los recursos jurídicos existentes, se puede deducir que el hecho de que no haya sanciones no se explica únicamente por la posible naturaleza improcedente de la queja, sino también por las deficiencias en la resolución jurídica del caso.

Estas son las principales conclusiones del estudio Els drets dels col·lectius i persones afectades per discursos d'odi racistes i LGTBI-fòbics difosos a través dels mitjans de comunicació, elaborado por Josep Granados Lladós, Vicent Canet Martínez y Anna Clua Infante, investigadora del grupo de investigación Transformación Social y Comunicación (SOTRAC), de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Sin capacidad para sancionar

El informe destaca que otra razón que explica la baja eficiencia de los sistemas de resolución de quejas por contenidos LGTBI-fóbicos y racistas en los medios de comunicación en Cataluña es que no existe un ente regulador con capacidad sancionadora que abarque todas las quejas, sin distinguir si los contenidos son emitidos por medios audiovisuales o escritos. En efecto, las quejas sobre contenidos xenófobos y LGTBI-fóbicos reproducidos en prensa escrita (papel o digital) no se elevan al CAC, sino que se tramitan a través del CIC, a pesar de tratarse de un organismo privado. Por lo tanto, se detecta un vacío en el sistema público de gestión de quejas que deja desatendido un importante grueso de los contenidos de los medios, por más que diferentes leyes amparan los derechos de los colectivos afectados por los discursos discriminatorios. "El análisis de la evolución de las quejas a lo largo del tiempo nos indica una clara tendencia a la baja, con ninguna queja tramitada desde el 2022, y picos puntuales de mayor actividad —como máximo, dos quejas al año—", recoge el estudio.

Estos resultados, sumados a la constatación del sentimiento de escepticismo y de falta de confianza expresados por la mayoría de las entidades entrevistadas, proporcionan suficientes elementos para cuestionar la eficiencia y eficacia de los procedimientos. Por lo tanto, se confirma la hipótesis principal del estudio: las vías de queja de que dispone la ciudadanía para hacer frente a los discursos de odio en los medios de comunicación son ineficientes en Cataluña.

Hipótesis secundarias

En cuanto a las hipótesis secundarias del informe, se confirma el bajo uso de los canales de queja en relación con los datos sobre las entidades que configuran la muestra. De las diez entidades analizadas, solo tres han hecho llegar formalmente sus quejas a los organismos que tienen identificados como encargados de gestionar este tipo de peticiones. Coincide que estas tres entidades se han dirigido al CAC en alguna ocasión, pero ninguna de ellas menciona el CIC como organismo donde destinar las quejas.

Sin embargo, el poco uso de estos mecanismos de queja no es debido a un desconocimiento de los organismos que velan por la aplicación de las leyes y las normativas deontológicas ante un discurso de odio en los medios de comunicación: solo una entidad de las diez analizadas declara no tener conocimiento de ningún organismo que cumpla esta función.

Los organismos identificados por las otras nueve entidades son el CAC, el Colegio de Periodistas de Cataluña y el síndic de greuges, con cuatro menciones; el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña, el CIC, el Observatorio contra la LGTBI-fobia y la Fiscalía, con dos menciones, y la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Cataluña y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del Gobierno de España, con una mención.

Una razón que sí se confirma claramente como causa del poco uso de los mecanismos de queja es la falta de recursos. Este es un dato que se desprende de las respuestas abiertas y que aparece de forma reiterada: "No se dispone de gente ni tiempo suficientes para emprender y desarrollar un procedimiento de queja, puesto que no se da abasto a atender todos los temas que hay sobre la mesa", afirma esta investigación.

Además de este motivo, también se ha detectado otra razón importante dado su alto grado de incidencia entre los colectivos analizados: la desconfianza respecto a la utilidad de los procedimientos de queja. Todas las entidades que configuran la muestra declaran que no confían en que quejarse pueda contribuir a cambiar las cosas, y optan, por lo tanto, por otras vías de señalamiento de los discursos de odio en los medios.

Además del CAC y el CIC, el estudio también ha contado con la colaboración de diez entidades que se han prestado a ser entrevistadas: el Observatorio contra la Homofobia, la Associació Catalana de Persones LGTBIQ+ Migrades i Refugiades (ACATHI), LesbiCat, Stop -Salud Sexual LGTBIQ+, Colors de Ponent, Secretariado Gitano, Musulmanes contra la Islamofobia, SOS Racismo, Unidad contra el Fascismo y el Racismo, y la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

Esta investigación contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU número 10, de reducción de la desigualdad, y número 16, de paz, justicia e instituciones sólidas.

Informe relacionado

Clua-Infante [Anna], Granados [Josep] y Canet Martínez [Vicent]. (2024). Els drets dels col·lectius i persones afectades per discursos d'odi racistes i LGTBI-fòbics difosos a través dels mitjans de comunicació. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Accesible en: http://hdl.handle.net/10609/150359

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