«Debe haber una voluntad política y por parte de las empresas para afrontar los casos de violencia sexual en el ámbito digital»

 

Las violencias machistas adoptan múltiples formas y, a causa del aumento de la relevancia que han adquirido las nuevas tecnologías en la sociedad actual, la violencia machista también se ha digitalizado. Cuando hablamos de violencia machista digital, hacemos referencia a las agresiones perpetradas a través de internet, ordenadores, móviles, redes sociales, webs, foros, correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea, etc. Hablamos con Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación en Derechos Humanos, Justicia e Interior de Amnistía Internacional, después de su participación en el seminario Violencias machistas digitales, un reto contemporáneo organizado por la UOC.

 

Las violencias machistas adoptan múltiples formas y, a causa del aumento de la relevancia que han adquirido las nuevas tecnologías en la sociedad actual, la violencia machista también se ha digitalizado. Cuando hablamos de violencia machista digital, hacemos referencia a las agresiones perpetradas a través de internet, ordenadores, móviles, redes sociales, webs, foros, correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea, etc. Hablamos con Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación en Derechos Humanos, Justicia e Interior de Amnistía Internacional, después de su participación en el seminario Violencias machistas digitales, un reto contemporáneo organizado por la UOC.

Empecé hablando un poco del contexto internacional de los derechos humanos y de cómo realmente la violencia de género afecta la vida cotidiana de las mujeres, tanto en su faceta digital como en su faceta no virtual. Esta es una violencia que afecta primero el derecho a tener una vida libre de violencias, evidentemente, pero también hay otros derechos consagrados en el derecho internacional, como el de participación política, el de la libertad de expresión o el de la libertad de opinión, que se ven vulnerados. También expliqué algunas de las investigaciones que ha hecho Amnistía Internacional sobre esto, principalmente centradas en Twitter, que demuestran que estas violencias –que, además, son ejercidas en muchos casos por gente que se esconde en el anonimato– disfrutan de demasiada impunidad. Además, no están teniendo una respuesta adecuada ni por parte de los estados ni por parte de las empresas propietarias de la mayoría de las redes sociales.

Afectan en todo. Primero, la violencia en el ámbito digital funciona como medio de control, como una continuación de la violencia física que puede ejercer gente que conoce a las víctimas. También atenta contra la libertad de expresión, porque, según los datos y la información que ha recopilado Amnistía Internacional, ante este tipo de violencia lo que pasa es que las mujeres, muchas veces, acaban cambiando sus comportamientos en cuanto a la participación pública. En un estudio que se hizo en Twitter, Amnistía confirmó que realmente las mujeres que tienen un perfil público, y sobre todo aquellas que hablan de temas como la justicia o el género, reciben muchísimos más ataques que la media. Y esto condiciona. Esta violencia afecta el día a día y te hace cambiar comportamientos.

El gran problema es que hay un porcentaje altísimo de infradenuncia. Es decir, las mujeres no sienten que estos delitos o estas violencias que están sufriendo en el ámbito digital pueden tener una respuesta por parte de las autoridades. Existe esto, y también ocurre que las mujeres que sí denuncian se encuentran con que no están recibiendo una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

Y, además, hay un problema con las empresas. Las plataformas y las redes sociales no son simples medios intermediarios, sino que tienen una responsabilidad directa en estos casos. Amnistía está denunciando precisamente esto: que las mismas plataformas no están trabajando para evitar estas violencias y tendrían que hacerlo, porque las empresas tienen responsabilidades respecto a derechos humanos que no pueden eludir, y también tienen la responsabilidad de actuar ante discriminaciones prohibidas por el derecho internacional. Esto es: discriminación por razón de origen racial, de género, de nacionalidad, de orientación sexual o de religión, por ejemplo. Y están fallando. ¿Qué se debería mejorar? En primer lugar, la transparencia. Debe haber datos recopilados por las propias empresas y mecanismos para reportar estas violencias y actuar.

Es una campaña muy importante, porque lo que pone encima de la mesa es muy cierto. Una intervención muy interesante en el seminario Violencias machistas digitales, un reto contemporáneo fue la de Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya. Habló de varias sentencias del Tribunal Supremo en España relativas a menores, que demuestran que, aunque no haya habido contacto físico, las agresiones en el entorno virtual se dan en circunstancias similares a la vida fuera de las pantallas. Obviamente, también es violencia. Creo que es muy importante que existan campañas que ayuden a tomar conciencia tanto a las personas afectadas como a la población en general, y también a los actores que intervienen en estos casos –operadores jurídicos, policiales y políticos–, para que se empiece a actuar. Hay que pensar una cosa: el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, no es un derecho ilimitado. Por lo tanto, hay que marcar una raya cuando la libertad de expresión –en este caso, de los agresores– atenta contra derechos protegidos de otras personas. En estos casos, hay que tomar medidas y hay que ser consciente de ello. Hasta ahora, lo que está pasando es que tanto las plataformas como los estados no han tenido capacidad o voluntad suficiente para hacer frente a la problemática.

Exacto. Y, además, son violencias que tienen unas características muy comunes. Normalmente atacan el cuerpo de las mujeres; están muy sexualizadas. Todavía no hemos hablado del derecho a la intimidad, pero, por ejemplo, la difusión de imágenes privadas sin el consentimiento de la otra persona es un delito contra la intimidad.

También está en debate la conceptualización de todo esto: el problema es que no en todas las legislaciones estas conductas se denominan jurídicamente del mismo modo. Esto hace que a la hora de identificarlas sea complicado, porque mientras que en algunos lugares quizás ni siquiera están contempladas, en otros se consideran acoso, y en otros se denominan de otro modo. Por eso es necesario que en la comunidad internacional haya un acuerdo de cómo empezar a diferenciar y denominar todas estas conductas, sobre todo para poder recopilar datos que permitan trabajar en una mejor conceptualización de cada conducta.

Sobre todo porque intenta tratar la violencia desde un enfoque integral. Muchas veces, cuando estamos hablando de la violencia, nos fijamos solo en la respuesta penal. Pero hay otras muchas medidas que hay que tomar. Nos tenemos que preguntar: ¿hay acompañamiento, hay información, hay prevención? ¿Qué se puede hacer con las víctimas y cómo se las debería ayudar? Más allá del enfoque puramente penal, es una ley que intenta abordar la violencia sexual de una manera amplia y propone medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas.

La prevención se trabaja con datos e información. Son fundamentales para que podamos dimensionar adecuadamente el problema, ver cuáles son las respuestas que se dan al problema concreto y, a partir de ahí, ver qué políticas públicas y qué legislación son necesarias. Las Naciones Unidas y el Consejo de Europa tienen marcos de actuación. Las campañas de prevención también son fundamentales, tanto para que las personas puedan reconocer que esto es una vulneración de derechos –y que, por lo tanto, deben tener una protección– como para que todo el mundo en general sea consciente de que las violencias digitales son violaciones de los derechos humanos. Hoy en día, la gente no lo percibe como tal, y por tanto debe haber una voluntad política y una voluntad por parte de las empresas. Hay ciertas conductas y expresiones que no pueden estar permitidas.