«Con la crisis del coronavirus, la solidaridad de los gigantes digitales se convierte en una campaña de marketing disfrazada de humanitarismo»

 

Paolo Cardullo prefiere hablar de intelligent city en lugar de smart city, porque para él el primer concepto pone las necesidades y los intereses de muchos por delante de los que solo afectan a unos pocos. Por eso, y porque actualmente el segundo término, mucho más generalizado, se asocia más con el neoliberalismo. El investigador italiano se ha incorporado recientemente al Laboratorio de transformación urbana y cambio global (TURBA Lab) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para centrar su investigación en la manera en la que la política de la ciudad inteligente se transfiere a diferentes contextos, especialmente en el caso de la ciudad de Barcelona. En esta entrevista, que concede mientras está confinado en Italia, habla de nuestro mundo urbano globalizado, de las amenazas y las oportunidades de la tecnología y de la crisis actual del coronavirus.

 

 

Paolo Cardullo prefiere hablar de intelligent city en lugar de smart city, porque para él el primer concepto pone las necesidades y los intereses de muchos por delante de los que solo afectan a unos pocos. Por eso, y porque actualmente el segundo término, mucho más generalizado, se asocia más con el neoliberalismo. El investigador italiano se ha incorporado recientemente al Laboratorio de transformación urbana y cambio global (TURBA Lab) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para centrar su investigación en la manera en la que la política de la ciudad inteligente se transfiere a diferentes contextos, especialmente en el caso de la ciudad de Barcelona. En esta entrevista, que concede mientras está confinado en Italia, habla de nuestro mundo urbano globalizado, de las amenazas y las oportunidades de la tecnología y de la crisis actual del coronavirus.

 

Sí, publiqué el tuit el 12 de marzo, a raíz de la petición del primer ministro italiano de romper el compromiso de déficit presupuestario con la UE y prometer 7.500 millones de euros en gasto público para combatir los efectos del virus, y de las críticas que hizo inmediatamente después la oposición neoliberal de derechas (como, por ejemplo, la Lega y Forza Italia) diciendo que «no era suficiente» y que Italia tenía que aumentar mucho más el déficit. Y yo pensé «¡Dios mío, ya estamos, ahora romperemos la doctrina del Banco Central Europeo (BCE)!».

En los días siguientes todo el mundo se hizo eco, y el BCE tuvo que adaptar primero su política de no intervención y a continuación el denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (léase: política de austeridad), y acto seguido la Reserva Federal Americana anunció ayuda federal y otros siguieron el ejemplo en lo que cada vez se parece más a un nuevo Plan Marshall o a una intervención keynesiana después de la Depresión similar al New Deal de 1939 en EE. UU. El anuncio reciente de España de movilizar 200.000 millones de euros todavía lo ha dejado todo más claro. Esto se debe sobre todo a que los servicios públicos de salud de todo el mundo se han visto seriamente golpeados por la política neoliberal de austeridad y privatizaciones. Y ahora escuchamos esta misma opinión todos los días, aunque, evidentemente, ¡no es solo por mi tuit! Noam Chomsky, Mike Davis, Mariana Mazzucato, David Harvey... todos reclaman la necesidad de cambiar el rumbo de la economía neoliberal hacia modelos que tengan más en cuenta las personas que los beneficios; para muchos y no solo para unos pocos... Pero, en cualquier caso, el final de la ortodoxia neoliberal probablemente todavía queda lejos, vete a saber...

La aparición de la crisis del coronavirus ha creado una gran conmoción social, económica y política, y ha obligado al gobierno italiano, y al de muchos otros países como España, a confinar a toda la población en su casa para evitar más contagios. Io resto a casa ('Yo me quedo en casa') es la nueva frase de moda. Como consecuencia, las redes sociales, el teletrabajo, los cursos en línea, los chats con tutores en los grupos de WhatsApp (o Zoom o Skype, etc.) se están convirtiendo, aunque poco a poco y de forma irregular, en la nueva norma en estos tiempos difíciles.

Por ejemplo, el Ministerio de Innovación Tecnológica y Digitalización de Italia ha puesto en marcha una iniciativa denominada Solidarietà digitale ('Solidaridad digital'), en la que cientos de operadores tecnológicos pequeños y grandes ofrecen servicios y descuentos en sus productos digitales, entre los que hay gigabytes adicionales para el ocio en el hogar, acceso gratuito en línea a revistas y libros electrónicos, descuentos en el almacenamiento en servidores, correos electrónicos certificados gratuitos (para no tener que ir a correos) y, por supuesto, una gran cantidad de herramientas de aprendizaje a distancia para la enseñanza en línea, plataformas digitales y soluciones de teletrabajo y videoconferencia. Aunque estas medidas tienen muy buena acogida en este ambiente distópico (¡la emergencia afecta seriamente a todos los trabajadores y estudiantes del país!), creo que hay que evaluar críticamente lo que significan.

En primer lugar, la carrera de solidaridad digital ha puesto de relieve que el trabajo, el ocio y las actividades de comunicación en línea son una cuestión cotidiana. He dicho a menudo que hay que promover un internet de la gente para todos. La situación actual puede ser excepcional, pero no hay duda de que impondrá prácticas digitales a las personas y a las instituciones que se han resistido a hacer este cambio hasta ahora.

En segundo lugar, y como consecuencia directa, el derecho a la ciudad inteligente debería tener en cuenta que las infraestructuras de datos y comunicaciones son estratégicas para el desarrollo de los seres humanos y sus ciudades. Si queremos que la igualdad y la justicia sean los principios rectores de las sociedades digitales, el acceso universal a estas infraestructuras debe ser una prioridad de la vida moderna, y de ahí se deduce lógicamente que estas infraestructuras no pueden dejarse en manos de oligopolios privados y no regulados. El hecho de que el capitalismo digital haya mostrado su lado humano durante esta situación sin precedentes de confinamiento domiciliario de toda la población no resolverá el problema, sino que hará que ocupe un lugar más importante en las agendas de los responsables de la toma de decisiones.

El hecho de que grandes proveedores como AT&T en EE. UU. eliminen límites para sus usuarios solo sirve para demostrar que estas restricciones no las dicta la eficiencia técnica, sino que simplemente se deben a la acumulación injusta de beneficios por parte de las empresas digitales privadas. Que compañías telefónicas como Iliad ofrezcan 10 gigabytes más al mes a sus usuarios en Italia es una nimiedad: para ponerlo en perspectiva, una película en 4K, el estándar de alta calidad de la reproducción en continuo de hoy en día, utiliza casi el mismo ancho de banda que este presunto «regalo».

Tengo la impresión de que debe hacerse más, sobre todo por el efecto bumerán a largo plazo que puede producir esta generosidad: más cuentas y metadatos registrados, más detalles de los usuarios y un posible aumento de suscriptores para cada servicio. Es posible que el efecto escaparate de estas medidas genere más beneficios a largo plazo para estos gigantes digitales, hasta el punto de que, en mi opinión, esta carrera de solidaridad parece más bien una campaña de marketing disfrazada de humanitarismo. Las propias webs institucionales que promueven esta campaña de solidaridad digital se han apresurado en advertir sobre los estafadores o los fraudes y la mala prestación de servicios, los cuales ocultan mensajes de marketing.

Por ejemplo, Google ha sido objeto de críticas por parte de los senadores estadounidenses por mostrar constantemente anuncios de mascarillas y desinfectantes de manos a los usuarios que buscan «coronavirus» y otros términos similares, así como por participar en la «escalada de precios». En otras palabras, pienso que el capitalismo digital responde a la crisis con intereses creados, lo que al fin y al cabo deja sin resolver las necesidades urgentes de una población atrapada en casa. La solución es que las infraestructuras digitales esenciales, los datos y el internet de la gente sean de propiedad verdaderamente pública, y funcionen para el bien común, para muchos y no solo para unos pocos.

The Right to the Smart City (Cardullo, Kitchin y Di Feliciantonio, 2019) recoge una serie de derechos que ponen a los ciudadanos en un primer plano y les permiten controlar y configurar los espacios que habitan. En otras palabras, el derecho a la ciudad (inteligente) significa crear ciudades que no estén arraigadas en el capitalismo ni impulsadas por este. Solo sobre estas bases, como señala el profesor David Harvey, se puede poner en práctica un «urbanismo verdaderamente humanizador».

El derecho a la ciudad es una llamada a la movilización política transformadora para crear un urbanismo humanizador y una ciudad más emancipadora y empoderada. Por lo tanto, prefiero hablar de intelligent city como alternativa a la actual smart city neoliberal, una ciudad basada en prestaciones y derechos colectivos profundamente políticos y éticos; un ideal de gobernanza democrática que se fundamenta en la capacidad deliberativa de los ciudadanos, es decir, en formas de regeneración urbana basadas en derechos y centradas en las personas. Entre estas, está el derecho humano a una vivienda digna, la propiedad de infraestructuras esenciales, la remuneración de los datos que proporcionan los ciudadanos y formas de gobernanza vinculadas a las acciones políticas que exigen responsabilidades a las ciudades o a los estados. En una época de macrodatos y de urbanismo basado en datos, los ciudadanos tienen el derecho de entender qué tipo de datos se generan sobre ellos y sobre los lugares donde viven. Esto debe hacerse en un marco que garantice la transparencia por lo que respecta a la forma en la que se recopilan y se transforman estos datos en información, y los usos a los que se destina esta información, de manera que los ciudadanos puedan impugnarlos y reconfigurarlos si es necesario. El derecho a la ciudad (inteligente) es por tanto el derecho a la justicia social, que no solo incluye sino que supera con creces el derecho a la justicia individual. En este sentido, es un derecho común y no individual, y va más allá de la libertad individual, tal como afirma Harvey.

La noción de inteligencia en relación con esta cuestión hace referencia a las complejidades y las debilidades de la vida en la ciudad, y trata de promover una idea de lo urbano que no tiene nada que ver con los procesos cognoscibles, programables y por tanto lineales que postulan el urbanismo y la gobernanza algorítmica. Sin embargo, hoy en día, el concepto urbano rechaza la diferencia entre la ciudad y el campo. Todo estamos juntos en esto, por decirlo de alguna manera: el nuestro es un mundo urbano globalizado. Por ejemplo, una profesora que dé clases a distancia desde una casa de campo en Irlanda no es menos urbana que la que lo hace desde el centro de Londres.

La tecnología nunca es neutral y cuando se desarrolla y se aplica se ponen de manifiesto una serie de cuestiones conceptuales, sociotécnicas y culturales. Depende en gran medida de las sociedades que la utilicen y en qué contextos, como los ejemplos de solidaridad digital que he mencionado antes.

Sin duda, la vigilancia masiva (y generalizada). También el rastreo digital con fines comerciales y políticos, la contención de grupos minoritarios y el sesgo algorítmico. Incluso durante esta emergencia, los drones, las cámaras de vigilancia y las señales de los teléfonos móviles (como ocurre en Corea del Sur) se utilizan para rastrear el movimiento de las personas y hacer cumplir las restricciones. Aunque es una emergencia real, me asustan las posibilidades totalitarias de estas nuevas tecnologías: ¡un teléfono móvil es, de hecho, un brazalete electrónico colocado en los tobillos de la gente!

Es una pregunta muy difícil, pero intentaré dar una respuesta compuesta. El futuro de la ciudad inteligente está en juego, limitada —según el gurú de los negocios Klaus Schwab— «solo por nuestra imaginación». En la misma línea, la plataforma de ciudades inteligentes creada recientemente por la Comisión Europea en Bruselas ha sido denominada, con acierto, DREAM (Demonstration, Reinvention, Engagement, Adhesion, Mobilization; 'demostración, reinvención, compromiso, adhesión, movilización'), porque «cualquier innovación comienza con un sueño compartido».

El año pasado asistí a la Smart City Expo de Barcelona (SCEWC2019), y su eslogan de marketing era «Ciudades hechas de sueños». Las imágenes de los escenarios de la futura ciudad inteligente se extraen cada vez más de un rico depósito de imaginarios de los medios, desde paisajes urbanos como Blade Runner —coches sin conductor, servicios de reparto operados por drones y máquinas híbridas de inteligencia artificial— hasta un comunismo totalmente automatizado que promete recursos abundantes para todos y una demanda escasa de trabajadores. Ahora bien, el futuro que prevén estos imaginarios no es una narración compartida.

En mi opinión, el punto débil del discurso de la smart city sigue siendo la especulación inmobiliaria y la gentrificación. Solo una ciudad inteligente verdaderamente humanizadora, que ponga las necesidades y los intereses de todos por encima de los de unos pocos puede considerarse seriamente como un cambio de progreso. Por otra parte, pensar en futuros distópicos e hipervigilancia es completamente legítimo. No hay una receta universal; depende del contexto y de cada pieza del conglomerado digital. Por ello, el proyecto debe ser abierto, transparente y, por encima de todo, democrático, además de inherentemente político y agonista, con la posibilidad de decir «no» y cambiar de dirección cuando sea necesario.