Mujer y discapacitada: doble discriminación

Vanessa Fuentes se desplaza en una silla de ruedas eléctrica, requiere ayuda para las tareas básicas como vestirse, comer o ir al baño y tiene dificultad para vocalizar. Hasta los 18 años estudió en una escuela de educación especial y tras sacarse el graduado escolar optó por ampliar su formación en centros ordinarios. Primero cursó un ciclo formativo de grado superior de integración social y luego la licenciatura de Psicología y una especialización en formador de formadores. Actualmente cursa el master universitario de Educación y TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya(UOC). «Mi sueño y mi empeño siempre fueron estudiar más y más, aunque nunca pensé que llegaría tan lejos», reconoce esta mujer que nació con parálisis cerebral, aunque mantiene intacta su capacidad intelectual.

Vanessa es un rara avis en el sistema universitario catalán y español. Solamente entre el 5 % y 6 % de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios en España y, a pesar de que la mayoría de universidades incorporan en mayor o menor grado programas de atención hacia este colectivo, la cifra aún está lejos de la estrategia europea que fija un 40 % para el año 2020, según la Fundación Once. En las universidades catalanas, durante el curso pasado estudiaban un total de 2.746 personas con un grado igual o superior al 33 % de discapacidad, cifra que representa aproximadamente el 1,3 % del total de población universitaria, según datos del Consejo Interuniversitario de Cataluña. La UOC es la primera universidad catalana en número de estudiantes con discapacidad (concentra un tercio del total) y la tercera en España.

Si se pone el foco en el perfil de estudiantes, se observan diferencias poco significativas en el número de hombres y mujeres en las aulas universitarias. Sin embargo, las cifras de contratación manifiestan un claro predominio masculino. En 2014, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, de las 243.067 personas con discapacidad que estaban contratadas, un 61 % eran hombres y el 39 % restante, mujeres.

Más control de la administración con las empresas

La tasa de empleo del colectivo de personas con discapacidad se sitúa en 25,7 %, 32 puntos menos que la de las personas sin discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque la ley obliga a las empresas de más de 50 empleados a reservar el 2 % de los puestos a discapacitados, o adoptar medidas alternativas, ocho de cada diez infringe la norma. En este sentido, el profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la UOC Manuel Armayonesinsta a las administraciones a poner más mecanismos de control para que se cumpla la ley. «Del mismo modo que existe un control con radares, un sistema de puntos o multas para reducir los accidentes de tráfico, los poderes públicos deberían adoptar medidas para obligar al empresariado a cumplir con la norma», explica. Es una opinión que comparte Gina Aran, profesora de los Estudios de Economía de la UOC y experta en recursos humanos. «No toda la culpa la tiene el empresario; la administración debería impulsar campañas para eliminar los prejuicios que existen contra este colectivo», afirma.

Discriminación positiva hacia la mujer

Aunque el sexo femenino ha mejorado las tasas de ocupación en los últimos años, las mujeres siguen teniendo más barreras que los hombres a la hora de encontrar trabajo. «Al hecho de que los empresarios ya de por sí suelen contratar a más hombres que mujeres y a la brecha salarial que existe entre ambos géneros, se añade el plus de la discapacidad», explica Armayones. «La discapacidad es una doble barrera; maximiza la discriminación», agrega el profesor. La experta en el ámbito laboral Gina Aran apuesta por fijar una cuota en las empresas que evite esas diferencias.

Vanessa sufre esta doble discriminación. A pesar de tener un currículum brillante, no trabaja de forma remunerada. «Aunque en la actualidad se tiende a fomentar la inclusión laboral, aún veo un poco difícil para personas con mi grado de discapacidad encontrar un puesto de trabajo ordinario», asegura. «Los empresarios solo se quedan con lo visible, la discapacidad, y no ofrecen, en muchas ocasiones, la oportunidad de mostrar nuestras capacidades, lo que dificulta que encontremos trabajo», explica.

Los beneficios para el empresario

La profesora de los Estudios de Economía de la UOC y experta en recursos humanos Gina Aran esgrime «la falta de información y los prejuicios del empresario» como las dos grandes razones que explican el porqué de la escasa contratación de personas con diversidad funcional. Más allá de las bonificaciones que pueda recibir el empresario, Aran enumera algunos de los beneficios que le puede reportar a la empresa contratar a personas con algún tipo de discapacidad. «Es un colectivo que tiene muy acusado el valor del esfuerzo y el afán de superación y en sus genes está el sacrificio por superarse día a día. Las empresas necesitan personas con esos valores», explica. Son beneficios que, según Aran, también redundan en la imagen de la empresa y en el clima laboral. «Las personas que trabajan con este colectivo son más inclusivas, trabajan mejor en equipo y aceptan mejor la diversidad. Además, la reputación de la empresa mejora y los trabajadores se enorgullecen de pertenecer a una firma que hace las cosas bien», afirma Aran, que aduce otro argumento beneficioso para el bolsillo del empresario: «El absentismo laboral y la rotación de este colectivo son muy bajos», destaca.