«Uber presiona a la administración para que regule a su favor»

«El término economía colaborativa no se debería aplicar a corporaciones como Uber», explica Mayo Fuster, investigadora de la UOC, que afirma que en realidad «estamos ante un modelo de capitalismo que ha dado un salto cualitativo y con unos estados reducidos ante el poder de las grandes corporaciones y de sus intereses económicos». Es lo que los expertos llaman economía colaborativa corporativista. Este modelo económico «no es solo una continuación del capitalismo que conocemos, sino que es un nuevo nivel de explotación y de mayor concentración de la riqueza», explica Trebor Scholz, investigador de la New School de Nueva York, en su ensayo editado y traducido por la UOC, titulado «Cooperativismo de plataforma. Desafiando la economía colaborativa corporativa». Afirma que hay lobbies de presión como Uber que «se gastan grandes cantidades de dinero en grupos influyentes para condicionar las instituciones públicas para que hagan regulaciones a su favor». Es el caso, ejemplifica Fuster «del fichaje de Neelie Kroes ex vicepresidenta y titular de las carteras de Competencia y de Agenda Digital de la Comisión Europea».


La economía colaborativa corporativa explota al trabajador

«Grandes empresas del sector como Uber potencian terribles condiciones de trabajo», afirma Scholz. No buscan un modelo nuevo, «ni desean repensar el sistema económico, ni ir hacia un modelo más justo y estable para el trabajador, sino que pretenden desmantelar las condiciones laborales que afectan sobre todo a las clases más desfavorecidas», afirma el investigador de Nueva York. Son empresas, critica, «donde se paga al intermediario, pero se despoja al trabajador de sus derechos: salario mínimo, desempleo, horas extras, jubilación; y el empleador, a su vez, no se ve obligado a contribuir a la Seguridad Social, a los accidentes laborales, etc.».

«Conducir un taxi de Uber como una forma para llegar a fin de mes, implica desplazar de estas ocupaciones y de una fuente de trabajo estable a trabajadores de baja calificación», explica Scholz, «y esto tiene importantes costes sociales para la clase trabajadora.» ¿Cómo encajar los derechos de los trabajadores y las garantías sociales en este sistema? La economía colaborativa corporativa considera «no trabajadores» a estos empleados autónomos o independientes; de este modo, las grandes empresas se «permiten externalizar los medios de trabajo (coches, casas, etc.), ahorrándose recursos propios», afirma. En el libro, Trebor Scholz insiste en esta línea y alerta de las perversiones de este modelo: «Son grandes plataformas digitales que han creado un mercado donde antes no existía ninguno, aprovechándose de las infraestructuras (coche, aparcamiento, tiempo…) de la gente».


La crítica al programa europeo sobre economía colaborativa

Para empezar, «el informe contiene grandes ausencias: adopta como único referente el modelo de economía colaborativa corporativa, el de las grandes corporaciones», crítica Mayo Fuster. En poco tiempo hemos asistido a la aparición y el crecimiento de multinacionales como Uber, Blablacar o Airbnb, que «presentan lógicas de organización basadas en principios colaborativos entre los usuarios, pero que privatizan buena parte del valor creado, del acceso a los datos y del empoderamiento de los usuarios», alerta Fuster. Esta economía colaborativa que defiende Europa recibe el nombre de economía colaborativa corporativa. Pero la economía colaborativa que practica Airbnb, ¿es la misma que la que practica, por ejemplo, Couchsurfing?

La respuesta es no, aunque el programa de la Comisión Europea «no distingue ni diferencia modelos, aunque se trate de diferentes enfoques tecnológicos y de gestión de datos: libres y abiertas y otras cerradas y privativas; ni por tipo de finalidad o de impacto: social, de interés público o por ganancia corporativa», detalla Fuster. «La Comisión Europea parece tener presentes solo los modelos de las grandes corporaciones de la economía colaborativa, ignorando los otros modelos», critica la investigadora. Como el de la economía colaborativa procomún o el del cooperativismo de plataforma, «basado en la actividad económica desarrollada por PYMES o cooperativas, con plataformas de tecnología libre y datos abiertos, que las hacen más transparentes, proveen al usuario de un mayor control y persigue fines sociales y de interés común», como Goteo, Guifi.net, Coachsurfing, l’Open Source Ecology, Som Energia..etc.


Regular desde las ciudades y para el interés general

«Cada modelo de la economía colaborativa requiere un acercamiento regulatorio diferenciado y hay que promover aquellos que tengan un mejor impacto económico y social para el territorio», reclama Fuster. Una de las críticas fundamentales al informe es que este olvida considerar las ciudades «como espacio donde se desarrolla y se concentra la mayor parte de la actividad de la economía colaborativa». Uns requerimentos a la commissió que també hace Benedetta Brighentila, la representante en matèria d’economía colaborativa.del Comité de las Regiones de la Unión Europea. En las orientaciones que la se hacen a los Estados, Fuster considerar que es necesario «valorar y construir indicadores de impacto locales como rol de las administraciones para preservar el interés general, potenciando los modelos que mejor puedan dar respuesta a los retos sociales y abrir procesos de información y consulta a la ciudadanía.»

La economía colaborativa corporativa desarrollada en internet se realiza a través de plataformas digitales, pero «de forma poco transparente, privativa y con datos cerrados». Para Fuster es necesario utilizar «modelos basados ??en protocolos, datos y tecnología abiertos, para favorecer la evaluación y la administración del impacto de esta economía colaborativa por parte de la ciudadanía y las administraciones». Sin datos abiertos «se hace muy difícil conocer los efectos de su actividad o el fraude fiscal que puedan estar cometiendo» explica la investigadora.

El informe afirma que «se busca proteger a los consumidores y asegurar políticas de trabajo justas». En esta línea, Fuster explica que «la agenda pone poca atención a los dilemas y necesidades de proteger a la figura del ciudadano y ciudadana productores, y a los trabajadores de la economía colaborativa». Los beneficios del capitalismo de plataforma, «para los consumidores, propietarios y accionistas son evidentes; pero el valor añadido para los trabajadores vulnerables y, a largo plazo, para los consumidores no está claro», concluye Scholz.