La firma electrónica ha suscitado, desde su regulación inicial en 1999, un enorme interés en diversos sectores, entre los que hay que destacar la Administración pública. Este sector ha visto en el concepto de firma electrónica el elemento que tiene que permitir transformar el procedimiento administrativo, tradicionalmente sustentado en los documentos en papel, la presencia personal y los archivos físicos, en un nuevo procedimiento más ágil, más próximo al ciudadano y más eficiente.

En este contexto, aunque a menudo la firma electrónica es asociada al denominado “procedimiento administrativo telemático" o “por vías telemáticas", se puede aplicar perfectamente a los procedimientos basados en la presencia física de la persona interesada e, incluso, a los procedimientos en que la relación con la persona interesada se basa en documentos en papel, mediante la compulsa electrónica de esta documentación.

La firma electrónica se presenta como una herramienta de base que informa a las viejas instituciones jurídicas del procedimiento administrativo, ahora transportadas al entorno electrónico, informático y telemático. Así mismo, la caracterización legal del documento electrónico, como el redactado y firmado electrónicamente, permite eliminar la versión en papel que, de forma cautelar, almacenaban muchas administraciones públicas.