El pasado 2 de junio el prestigioso semanario The Economist publicó en su edición impresa dentro de la sección tecnología trimestral un artículo que trataba la temática sobre cómo el aumento de la cantidad y la calidad de datos así como la vigilancia están transformando los sistemas de justicia.
La justicia y su administración hace tiempo ya no dependen de los agentes que participan. Esto es, la justicia ya no depende de la capacidad de ser objetivo de los tribunales, de la sabiduría del juez o del poder coercitivo del estado para hacer cumplir la ley, sino principalmente de la información.
La información es algo externo y neutro que una vez se dispone, permite hacer justicia al aplicar mecánicamente la instrucción y la pena correspondiente de la norma aceptada por la comunidad.
El origen de este planteamiento fecha de 1749 cuando John Fielding fundó en Londres la Bow Street Runners, la primera policía profesional del mundo, basada en la acumulación, archivo y gestión de la información sobre crímenes cometidos y presuntos criminales. Siguiendo este ejemplo, el departamento de policía metropolitana de Washington, DC, a partir de 1861, mantuvo informes anuales que detallan sus casos y utilizan para futuras consultas.
En términos generales, la tecnología inteligente hace que la gente genere más información sobre cualquier ámbito de su actividad y es sabido que esta tendencia es creciente. Pero también las herramientas tecnológicas para la recopilación, seguimiento y uso de esta información están creciendo.
Las leyes de obtención y retención de datos interfieren en los derechos fundamentales del respeto a la vida privada y su interpretación varía mucho en Europa y en EEUU. Uno de los debates más espinosos al respecto radica sobre cómo la tecnología puede afectar al dominio público o privado de la información pública o privada y sobre los límites del derecho de su difusión y/o explotación comercial.
Por ejemplo, el reconocimiento automático de matrículas (ANPR en inglés Automatic Number Plate Recognition) - que utiliza el reconocimiento óptico de caracteres en imágenes para leer las matrículas de los vehículos -, es una tecnología que como otros, no sólo ya no está en manos de la administración pública, sino que en algunos países ya se ha externalizado a empresas privadas hasta el extremo de instalarla en vehículos privados para obtener información del propio conductor o de otros conductores que circulan por las vías públicas a cambio de una reducción en el seguro del vehículo.
Convertir los usuarios de una tecnología en objetivos de captación de la información ha dejado paso a la práctica de convertirlos en instrumentos para la captación de información de terceros. La vigilancia, estatal o corporativa, puede ser ilimitada. La universalización de la vigilancia se justifica sobre un argumento de pretendida evidencia legal: si el ciudadano no está cometiendo ningún delito no tiene por qué preocuparse.
En estados de derecho, donde hay un equilibrio adecuado entre libertad y seguridad, los gobiernos respetan las libertades civiles y la tecnología se utiliza de forma responsable, pero en estados autoritarios, los ciudadanos, sobre todo si son activistas, tienen más que temer.
El desarrollo de tecnologías basadas en análisis de datos y en algoritmos pueden predecir con precisión donde se producirá la delincuencia. Conocer las áreas de una ciudad donde hay más frecuencia en la comisión de delitos ayuda al desarrollo de una mayor presencia policial con efectos disuasorios. La prueba de la eficacia de estas tecnologías aplicadas a la administración de justicia se demuestra en el creciente número de empresas que ofrece software de predicción de delitos a las fuerzas policiales.
EEUU es una buena fuente de ejemplos. Varios estados utilizan algoritmos para proporcionar recomendaciones de sentencias o para determinar las áreas de frecuentes delitos. Por otra parte, un buen número de ciudades los utilizan para identificar potenciales autores o víctimas de violencia armada. Se ha demostrado que una pequeña cantidad de personas son responsables de una gran proporción de delitos violentos en pequeñas áreas geográficas. La administración de justicia en New Jersey utiliza un algoritmo basado en la historia del pasado criminal, la edad del criminal, y la violencia del delito cometido para determinar si alguien es apto para la libertad bajo fianza, es decir, si presenta un riesgo demasiado grande de cometer de nuevo un delito.
Cita recomendada: CAVALLER, Víctor. Información y justicia. COMeIN [en línea], enero 2019, no. 84. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n84.1901.
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