Tasa Google y 'agenda setting'

Tan sólo cinco días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara una sentencia en la que se resume que no constituye un acto de comunicación al público la presentación en una web de hiperlinks que remitan a otras páginas de Internet, el Gobierno español impulsa la “tasa Google”, que consiste en la obligación de los agregadores de noticias de pagar a los editores por enlazar sus contenidos. Para ello, éstos deberán abonar una cuota o tasa que se administrará a través de CEDRO y se redistribuirá entre los editores. La medida está ahora pendiente de las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios para su aprobación final por el Congreso. 

 

El debate está servido. A favor de la “tasa Google” se posicionan los grandes editores de la prensa (Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE), que vienen reivindicando ante el Gobierno desde hace años una regulación impositiva para los derechos de propiedad intelectual en Internet. En contra, se ha creado la llamada Coalición ProInternet formada por entidades como la, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, la citada Google, Menéame (un agregador de titulares), Weblogs (editores de blogs sobre diversas temáticas), Hipertextual, Adslzone, los medios 20minutos.es y eldiario.es, así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual.

 

Esta distribución de intereses evidencia, por una parte, a los grandes editores de prensa, que exigen al gobierno la llamada “tasa Google”, y, del lado opuesto, negocios de prensa digitales menores y rentables. 

 

Los medios de comunicación tradicionales afrontaron su aterrizaje al mundo digital haciendo un gran sacrificio de adaptación y reestructuración en sus organizaciones. Hoy en día, las empresas periodísticas han adoptado diferentes modelos de negocio buscando la rentabilidad. Entre estos modelos encontramos publicaciones como 20minutos.es o eldiario.es, que ofrecen información de forma gratuita al usuario y se financian a través de anunciantes, o el modelo mixto o freemium, que pone a disposición de los usuarios parte de la información gratuita y ofrece contenido de pago a suscriptores, además de contar con ingresos de anunciantes. Este último modelo es el que utilizan, entre otras, las grandes cabeceras periodísticas. Ahora bien, transcurrida casi una década de adaptación al sector digital, la petición de una “tasa Google” al Gobierno por parte de los grandes editores de la prensa cuestiona la rentabilidad de estas empresas. 

 

Hasta la llegada de Internet, eran los medios de comunicación social quiénes decidían la selección de temas que influyen a la sociedad en general; es la conocida teoría de la agenda setting. Internet hizo romper con esta norma, democratizando poco a poco el acceso a la información hasta tal punto que hoy, son los usuarios quiénes deciden por qué temas se interesan, dónde informarse, cuándo e incluso pueden participar activamente en la edición de contenidos en la red. 

 

Si finalmente el Congreso aprueba la adopción del “canon digital”, ¿cuestionarán los ciudadanos la objetividad de una prensa de pago financiada indirectamente por el Gobierno? ¿Podrá ejercer el Gobierno lícitamente más control sobre las cabeceras? ¿Retrocederemos el camino recorrido y volveremos al modelo de comunicación unidireccional? ¿Resucitará con la “tasa Google” el cuarto poder?