Expertos recomiendan una legislación específica para evitar que plataformas como Airbnb funcionen sin impuestos ni control

Los resultados preliminares del estudio Data Policies & Strategies, with a Focus on Short Term Rental Platforms, elaborado por el grupo de investigación Dimmons del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC y el activista Murray Cox, en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, muestra que en muchas de las ciudades encuestadas aún no hay una legislación propia por lo que las plataformas no estén obligadas a compartir sus datos (direcciones, nombre de los propietarios, cantidad de noches). Por este motivo, las ciudades piden un cambio legislativo europeo. 

El estudio se ha presentado hoy durante el Sharing Cities Action Encounter, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya. Los investigadores han revelado, en este acto celebrado en el marco del Smart City Expo World Congress, que la mayoría de las veinte ciudades encuestadas en todo el mundo no ha logrado los resultados deseados en las negociaciones con plataformas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb, debido, en buena medida, a esta falta de regulación. Este encuentro es fruto de la cumbre celebrada en Barcelona el año pasado, en la que cincuenta ciudades firmaron la primera declaración global sobre la posición de las ciudades frente a la economía de plataforma. 

Las administraciones locales encuestadas han sido Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bolonia, Burdeos, Grenoble, Cracovia, Montreal, Múnich, Nápoles, París, Oporto, Rotterdam, San Francisco, Tallin, Tesalónica, Umeå, Valencia y Viena. 

Sin datos no hay control

Por un lado, las administraciones locales necesitan datos sobre las actividades que las plataformas digitales llevan a cabo en las ciudades, tanto para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales como para elaborar políticas reguladoras que garanticen el acceso a la vivienda y su disponibilidad, y así evitar procesos de gentrificación. Por otro, los datos son imprescindibles para el control fiscal. 

Un 62 % de las administraciones locales que ha participado en el estudio tiene acuerdos con una o con varias plataformas para recoger impuestos sobre la actividad de alquiler de pisos turísticos. Sin embargo, muy pocos ayuntamientos han podido acceder a los datos, por lo que plataformas como Airbnb no pagan las tasas turísticas que corresponderían en la mayoría de ciudades. 

«Las pocas ciudades que han podido acceder a los datos son las que ya tienen una normativa específica», explica Cox. «Se trata de ciudades pioneras, por ejemplo, San Francisco, Santa Mónica, Viena, Grenoble, Burdeos y Barcelona». Gracias a un sistema obligatorio municipal de registro de los anfitriones, los ayuntamientos de estas ciudades pueden incidir en quién ofrece pisos turísticos y dónde se ofrecen. Este sistema de registro se diferencia del modelo habitual, en el que no hay regulación y los anfitriones pueden poner en alquiler su piso sin necesidad de informar a la Administración. Así, las ciudades que ya disponen de un marco legal propio pueden negociar más fácilmente con las plataformas para conseguir ciertos datos y modificar protocolos. 

El estudio resalta que Barcelona es una de las ciudades que ha tenido más éxito en esta negociación con la plataforma, especialmente porque ha logrado que la propia plataforma quite los anuncios sin licencia legal. En cualquier caso, el estudio remarca la falta de datos útiles para que las ciudades puedan controlar el fenómeno y confirma que la plataforma ha conseguido no revelar estos datos. El estudio señala así la necesidad de que las ciudades se unan para tener más poder de negociación con las plataformas y también para pedir una regulación europea más protectora con las ciudades.

Hacia un cambio de la legislación europea

A pesar de la existencia de ciudades pioneras, hay un problema generalizado a la hora de regular las plataformas de alquiler de pisos turísticos. Según este estudio, al no tener las ciudades datos propios o bien no ser suficientes los que las plataformas les hacen llegar, la mitad de las ciudades encuestadas deben rastrear los datos. Esto quiere decir que aplican una técnica para obtener datos de webs masivamente, una práctica muy asociada al activismo informático que practica Murray Cox, coautor del estudio. 

De las entrevistas en profundidad a responsables de las ciudades también se extrae que los diversos ayuntamientos ven muy positivamente una colaboración entre ciudades. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona o Viena, donde se observa la posibilidad de compartir estrategias con otras ciudades cercanas geográficamente. 

Por otra parte, más allá de las normativas locales, la mayoría de las ciudades del estudio considera que es imprescindible un nuevo marco legal internacional. En este sentido, las ciudades ven necesario coordinarse para presionar a la Unión Europea con el objetivo de que esta apoye las leyes locales o nacionales y redefina la Directiva Europea del Comercio Electrónico existente. 

Activismo de datos para luchar contra la opacidad de las plataformas 

Mayo Fuster, investigadora del grupo Dimmons, destaca que el estudio tiene un enfoque muy innovador: «Se podría considerar cityactivism, ya que las ciudades se han aliado con el activismo social gracias a los conocimientos de Murray Cox». El ingeniero de origen australiano es el impulsor de Inside Airbnb, una herramienta tecnológica que rastrea los datos de la plataforma de alquiler de pisos turísticos Airbnb en todas las ciudades del mundo. Estos datos informan, por ejemplo, sobre la cantidad de habitaciones y de pisos que se alquilan en cada distrito, a qué precios o si el mismo propietario tiene varias viviendas en alquiler. De este modo, además de destapar miles de irregularidades, Cox ha probado los efectos de gentrificación que provoca Airbnb. «La vivienda es un derecho humano básico y no una simple mercancía en la economía mundial. Utilizo mis conocimientos de tecnología para defender este derecho», reivindica el activista.