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A partir de mediados de los años noventa el cable se convirtió en un elemento central de la estrategia de progreso de las administraciones públicas catalanas, que se coordinaron para conseguir que una única empresa obtuviera en 1997 la licencia para explotar en toda Cataluña servicios de TV por cable. Para ello, Menta asumió el compromiso de desplegar una nueva red mixta de fibra óptica y cable coaxial, así como de ofrecer progresivamente servicios multimedia. En paralelo, la Generalitat de Cataluña, al adjudicar en 1998 a Al-Pi, una subsidiaria de France Télécom, el concurso de privatización de la red corporativa de la Generalitat, obtuvo también el compromiso de despliegue de una red de fibra óptica que habría de conectar todas las capitales de comarca de Cataluña en el año 2001. Apoyando, así, a operadores alternativos a Telefónica, las administraciones locales y autonómica pretendían dinamizar un sector tradicionalmente dominado por un monopolio de ámbito estatal. Sin embargo, a finales de 1999 el despliegue de las nuevas redes no cumplía las expectativas iniciales y creaba una cierta alarma social sobre la disponibilidad de infraestructuras de banda ancha en Cataluña. Telefónica hizo entonces visible su apuesta estratégica por la tecnología ADSL para los servicios de banda ancha. La firma, a finales de 2000, de un acuerdo entre Telefónica, la Generalitat y el consorcio de ayuntamientos Localret para garantizar el rápido despliegue de esta tecnología en Cataluña supuso el reconocimiento tácito del cambio de estrategia por parte de las administraciones. En este trabajo se analiza la construcción de las expectativas, estrategias y políticas de las administraciones catalanas en torno al cable. También se propone la reflexión sobre cómo las lecciones que ofrece la historia del cable pueden ser útiles para plantear actuaciones encaminadas a construir el futuro de la sociedad de la información en Cataluña.
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